La presidente de INSSSEP apagó las cámaras del edificio para reprimir a los afiliados y trabajadores
Esta tarde, alrededor de las 17.30 horas, la presidente de INSSSEP, Irene Dumrauf, realizó una denuncia penal apuntando directamente contra miembros del sindicato de trabajadores de la obra social, empleados y excontratados que llevan varias semanas realizando medidas de fuerza reclamando la renovación de personal a quienes se les venció en diciembre su contrato. En la denuncia, la funcionaria detalló una serie de irregularidades ocurridas esta mañana.
Según precisó Dumrauf, esta mañana, alrededor de las 08.25, las cámaras de seguridad del instituto ubicado en avenida 9 de Julio al 340 dejaron de transmitir videos. La falla hizo que se contactara con un empleado del área de informática quien le respondió que había un error que no se podía solucionar en ese momento. Mientras esto ocurría, personal del gabinete le detalló que la referente del gremio, Zulema Coria, junto a personal del instituto «se dirigieron a la planta baja del edificio donde comenzaron a usar elementos de percusión» luego de una protesta en la avenida.
«Posteriormente fui informada que en planta baja, habría ocurrido un desorden y que había personas con picazón de rostro porque habían utilizado algún tipo de agresivo tóxico, y al finalizar los disturbios horas 12:30 aproximadamente las personas se retiraron del lugar, y en ese preciso momento el sistema de cámaras comenzó a funcionar nuevamente» , denunció Dumrauf.
Inmediatamente la presidenta de INSSSEPP llamó a los responsables del Centro de Procesamiento Informático para que le den explicaciones y un informe del sistema de cámaras. Es que para la funcionaria se vulneraron las cámaras que «sospechosamente» dejaron de funcionar cuando ocurrieron «hechos de violencia y/o disturbio».
La denuncia, además de buscar que se investigue lo ocurrido, hace responsable a la dirigente Coria de Verón por los daños materiales que puedan llegar a ocurrir dentro del edificio del InSSSeP, y daños físicos de los empleados y/o afiliados. Hasta ahora, la fiscal Ana González De Pacce dispuso que se eleven las actuaciones en el estado en que se encuentren.
