El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó el proyecto que contempla que los funcionarios municipales y los candidatos electos deban hacerse testeos para comprobar que no consumen drogas ilegales. El proyecto, denominado de “narcotest”, generó polémica pero fue aprobado por una abrumadora mayoría de 28 votos, contra dos abstenciones y un voto en contra.
La obligación determina que deberán hacerse controles de consumo de psicotrópicos ilegales todos aquellos que ocupen puestos electivos en la capital provincial y los funcionarios nombrados por decreto. También alcanza a los candidatos electos.
El autor de proyecto es el concejal de Hacemos por Córdoba, Diego Casado. En realidad, lo que se introdujo fue una modificación al Código de Ética para el ejercicio de la función pública:ahora, el artículo 50 bis establece la obligatoriedad de los testeos.
“Se aprobó la norma de mi autoría que exige a la política, más precisamente a los candidatos electos como a los funcionarios nombrados por decreto, la presentación obligatoria del certificado negativo de presencia de drogas ilegales para el ejercicio de la función pública. El narcotráfico es enemigo de la buena vida, es cómplice de las peores prácticas, es inseguridad e intranquilidad. El narco es temor para las familias y una perversa falsa tentación para quienes dudan y caen en las trampas de las mafias. No es admisible ni resiste discusión alguna que quien tiene responsabilidad estatal tenga vínculos con el consumo problemático de drogas. ¿Cómo podría un político enfrentar al narcotráfico en caso de ser consumidor de estas sustancias?”, escribió Casado en sus redes sociales.
Y agregó:“Pondría en riesgo un montón de cosas, ni hablar de la connivencia entre el funcionario y el narco. La honestidad del funcionario público debe ser integral”.
Según el proyecto aprobado por el Concejo Deliberante de Córdoba, que será reglamentado en los próximos días, todas las personas que ejercen cargos públicos por elección popular o por decreto tendrán que presentar los exámenes negativos para el consumo de sustancias ilegales.
Los cargos incluidos
“Se aplicará para los cargos de intendente, viceintendente, concejales, tribunos de cuentas, secretarios y subsecretarios, directores, subdirectores y asesores”, detalló el concejal cordobés.
La iniciativa generó polémica porque la capital provincial se encuentra inmersa en el proceso electoral para elegir intendente. La votación será el 23 de julio, casi un mes después de que la provincia elija gobernador.
El proyecto aprobado ayer señala que los análisis en sangre o en orina deberán hacerse una vez al año. “Todo está sujeto a la reglamentación que haga el Poder Ejecutivo de esta normativa”, indicó el concejal justicialista Casado en declaraciones a Cadena 3.
Originalmente, el proyecto se había presentado en 2020 y fue reflotado por su autor ahora en 2023.
“Si a un camionero le piden los exámenes para conducir, ¿por qué nosotros como funcionarios públicos no podemos ir en el mismo destino?”, argumentó Casado tras la aprobación.