Fiscal ordenó desalojar viviendas usurpadas por originarios y la Policía no cumplió la orden en Sáenz Peña

Se trata de casas del programa PROMUVI del barrio La Salada. El fiscal Marcelo Soto ordenó el desalojo inmediato, pero la Policía no intervino.
Un grupo de personas usurpó este domingo por la mañana viviendas del programa PROMUVI, ubicadas en el barrio La Salada de Sáenz Peña, que están próximas a ser entregadas a sus beneficiarios.
Desde el Municipio de la termal pusieron en conocimiento de la situación a las autoridades competentes, y el fiscal Marcelo Soto, que interviene en la causa, ordenó el inmediato desalojo y la detención de todas las personas que se encontraban en el lugar.
Sin embargo, la Policía no acató la orden del fiscal.
Asimismo, desde la Municipalidad de Sáenz Peña indicaron que Soto reiteró la orden de desalojo, pero desde la Comisaría local le dijeron que no tenían autorización para intrvenir.
Ante esa situación, el Fiscal Soto pidió dejar constancia de que él había ordenado en dos ocasiones el desalojo, y que iniciaría las actuaciones administrativas para que se informe por qué la Policía no acató la orden judicial.

Por su parte el procurador General, Jorge Canteros, confirmó que el fiscal Marcelo Soto procedió correctamente ante la situación.
PODRÍAN ENVIAR MÁS FUERZAS DE SEGURIDAD
Por otro lado, desde el municipio indicaron que se comunicaron que el Ministerio de Seguridad de la provincia y se recibió el compromiso de que enviarían a las fuerzas e incluso Gendarmería, en función del convenio con Nación, para proceder al desalojo.
Posteriormente, el subsecretario de Gobierno municipal Rafael Acuña mantuvo contacto telefónico con el Jefe del Escuadrón de Gendarmeria para corroborar si hubo comunicación por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia, obteniendo como respuesta que hasta el momento no recibieron notificación alguna al respecto.

Por último, desde el Municipio de Sáenz Peña indicaron que se está gestionando ante el Gobierno Provincial las acciones pertinentes, con el objetivo de que las autoridades correspondientes actúen en consecuencia para que estas personas dependan su accionar y las viviendas sean desalojadas.