En el documento publicado por los organismos de DDHH señala que en «la llamada causa Vialidad, en la cual se imputan supuestos delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado, tanto a la Vicepresidenta como a varios funcionarios de su gestión como Presidenta de la Nación, en la ejecución de obras realizadas en Santa Cruz, fue un tema juzgado en los Tribunales Provinciales varios años atrás y en cuya resolución judicial no se acreditó la comisión de delito alguno».
