Es ley la suspensión de los desalojos en asentamientos
La Cámara de Senadores convirtió en ley por 64 votos a favor y 1 en contra la prórroga por 10 años de la suspensión de desalojos en más de 5.000 «barrios populares» y la regularización dominial de los terrenos ocupados. La norma alcanza a unos cinco millones de personas. El voto negativo fue de la cordobesa del PRO Carmen Alvarez Rivero.
La iniciativa garantiza la titularización de la propiedad de las viviendas y la urbanización de las villas de emergencia construidas sobre terrenos usurpados, a los que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación.
Las tierras alcanzadas por la norma son las incluidas en el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) elaborado después de sancionada la ley original sobre la materia en 2018.
La norma extiende además la declaración de la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de 2 años. Uno de sus artículos asegura a los habitantes de estos barrios el «derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación».
En nombre de Juntos por el Cambio apoyó la iniciativa la radical Guadalupe Tagliaferri que recordó que la ley original había sido aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri. También que su gobierno habían censado los asentamientos, mientras que el kirchnerismo no registraba a los pobres porque «era estigmatizante» (según Axel Kicillof) o porque había «menos pobres que en Alemania» (según Aníbal Fernández).
