La encontraron culpable de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por su llegada al poder en 2018.
Se trata de la primera resolución de relevancia sobre el exilio del entonces mandatario Evo Morales por el levantamiento militar.
Según su defensa, no debió juzgarse a la exmandataria por la vía ordinaria, sino que debería haber habido un juicio de responsabilidades en el Congreso, pero los denunciantes argumentaron que se juzgaron acciones previas a la gestión.