Ya es obligatoria la formación en DD.HH para los trabajadores de los tres poderes del Estado

Chaco es la primera provincia en contar con una Ley de formación obligatoria en Derechos Humanos para todos los trabajadores y trabajadoras de los tres poderes del Estado: el gobernador Jorge Capitanich presentó este viernes en Sáenz Peña sus alcances y en ese marco anunció la creación del programa de Promotores y Promotoras de Derechos Humanos.

“Estas iniciativas apuntan a la formación de una conciencia colectiva para evitar la violencia institucional, el odio y el racismo a fin de promover una convivencia pacífica en una sociedad pluralista y democrática”, dijo el mandatario, que estuvo acompañado por la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch.

La Ley 3517-A de capacitación transversal en Derechos Humanos, prevención de la violencia institucional, el odio, el racismo, la discriminación y la xenofobia, impulsada por el Ejecutivo y aprobada por la Legislatura provincial el 9 de marzo, está dirigida a todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos los niveles y jerarquías. “Capacitarnos en derechos humanos es consolidar un Estado más inclusivo, en el que cada chaqueño y cada chaqueña pueda encontrar en las y los trabajadores públicos un oído atento y resolutivo”, sostuvo Capitanich.

Asimismo, consideró que es “inadmisible que el odio divida a la sociedad por prejuicios” y recalcó la importancia de estas dos propuestas de formación para trabajadores y trabajadoras de los tres poderes estatales, así como para la ciudadanía en general. “Cuando el odio y la división no se detienen a tiempo, se agudizan y generan grietas profundas en la sociedad, por eso impulsamos desde el Ejecutivo provincial estas iniciativas, con el objetivo de generar plena conciencia y prevenir conflictos”, expresó.

La Provincia adhirió oportunamente a las leyes nacionales Nº 27.499 (Ley Micaela) y Nº 27592 (“Ley Yolanda”). Las mismas se encuentran actualmente en ejecución y han constituido un punto de partida fundamental para la formación en perspectiva de género y perspectiva ambiental respectivamente, para agentes públicos de todas las jerarquías y niveles de los tres poderes del Estado.

Sin embargo, no existía en la actualidad la formación desde una perspectiva de Derechos Humanos instituida por Ley, que permita capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado. En ese marco, la Ley es clave para completar el esquema de tres políticas transversales: géneros, ambiente, y derechos humanos.

Programa de Promotores y Promotoras en Derechos Humanos

Sobre el programa de Promotores y Promotoras de Derechos Humanos, el gobernador dijo que se trata de “un avance cualitativo” para generar políticas públicas con plena conciencia sobre el respeto de los derechos de cada persona. “Pretendemos involucrar a toda la sociedad, los clubes de barrio, los centros culturales y comisiones vecinales; es una tarea colectiva de todos y todas para lograr plena conciencia”, reflexionó.

El programa es impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y tiene como finalidad que cualquier ciudadana o ciudadano pueda formarse en la materia y ser un sujeto activo en la difusión y promoción de los derechos de todos y todas. Apunta a crear ámbitos de reflexión participativos para que personas de la comunidad, sin distinción alguna, puedan conocer los derechos humanos de todas y todos con el fin de lograr un trato social equitativo, fomentar el respeto por las libertades y la justicia.

De esta forma se creará un registro de promotoras y promotores de derechos humanos y se coordinarán capacitaciones presenciales y virtuales con material didáctico, sobre conocimientos y conceptos básicos en la materia, acompañados de las herramientas que el Estado brindará para el correcto ejercicio de derechos.

El programa favorece además, a la detección de vulneraciones de derechos humanos básicos, lo que permitirá a la Secretaría brindar las herramientas necesarias para que las personas vulneradas puedan conocer los dispositivos estatales, ser asesoradas y acceder a las políticas proteccionales pertinentes. Se articulará con el programa “Pasá la Posta” de Nación combinando experiencias.