Pese a ser víctima es coimputada por la muerte de su hija

Cecilia Cabrera lleva seis años y medio detenida como coimputada por el homicidio de su hija Mía, de tres años. Está sentada en el banquillo de los acusados junto a su expareja, Sergio Argañaraz, en el juicio oral y público que comenzó el 12 de octubre, en el que ella está acusada de homicidio agravado por el vínculo y él sólo de homicidio.

Es decir que ella puede ser condenada a prisión perpetua y él a una pena menor. Durante la investigación, no se tuvieron en cuenta los testimonios de la violencia que Argañaraz ejercía sobre Cecilia, ni siquiera que haya estado golpeada en el momento de su detención.

La defensa oficial, a cargo de Ana Julia Cova, pidió la absolución y también solicitó que se incorpore prueba que demuestre el círculo de violencia en que estaba inmersa Cecilia desde pequeña.

“Esta defensa intentará demostrar en el debate que Cecilia C. no contribuyó al desenlace fatal que motiva este juicio, y que no resulta penalmente reprochable de ninguna conducta, ya sea por comisión u omisión”, dijo la defensora en el alegato de apertura.

El juicio se está realizando en el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de La Plata, integrado por Cecilia Sanucci, Ramiro Fernández Lorenzo y Hernán de Castelli. La fiscal de juicio es Silvina Langone.

Mailen Cecilia Cabrera nació en 1992. Vivía en Berisso con su pareja, Argañaraz, muy cerca de la vivienda donde estaban Lorena Palomeque, la anterior pareja de su novio, y los seis hijos que tenían. Los testimonios de familiares y vecinos del barrio son coincidentes: Argañaraz era violento. Una vecina dijo que había visto cómo le pegaba a Lorena. Sobre Cecilia, y aunque nadie indagó si sufría violencia de género, una testigo contó que “la castigaba”.

La misma vecina relató durante la investigación penal preparatoria que “sabe que (Argañaraz) se emborracha, que se trata de una persona sumamente agresiva” y que “en una oportunidad atropelló con la moto a Lorena quien se encontraba con uno de sus hijos en brazos”.

Ninguna de estas evidencias fue valorada por la fiscal Virginia Bravo en su requisitoria de elevación a juicio. Es por eso que la defensora Cova, en su alegato, consideró que “su situación merece ser analizada con un enfoque particular, en tanto la prueba que se producirá evidenciará la necesidad de valorarla con perspectiva de género, alejándose de estereotipos y enfocándose en el contexto de violencia doméstica dentro del que se encontraba inmersa.

Así, podrá advertirse su situación de vulnerabilidad, que derivó inevitablemente en la naturalización de la misma y consecuente minimización de sus consecuencias, generando condicionamientos psíquicos que neutralizaron sus habilidades de defensa”. Para la defensa pública “apartarse de dicho enfoque conllevaría descontextualizar el caso, impidiendo en consecuencia arribar a una resolución justa, razonable y objetiva”.

En su momento, se trató de un escándalo mediático: la nena había sufrido un maltrato inenarrable. Mía había vivido un tiempo con la abuela materna, y fue recuperada por Cecilia, que la llevó a vivir con ella y Argañaraz. La mamá de Cecilia había litigado por la custodia, aunque el servicio zonal de Niñez consideró que Mía no corría peligro. Sí notaron que Argañaraz impedía la entrevista, y controlaba a Cecilia. 

La secretaria de la Defensoría, María Elena Bouchoux, fue la primera persona que entrevistó a Cecilia en agosto de 2014, cuando fue detenida. Al constatar que estaba lesionada, y que ella contó que las lesiones eran producto de la violencia que Argañaraz desplegaba hacia ella y sus hijos, la defensa pública separó las defensas de ambos imputados. Cecilia tenía a Mía, de una relación anterior y un bebé que había concebido con Argañaraz.

Desde el nacimiento del niño, la violencia había recrudecido. Ese niño quedó al cuidado de una hermana de Argañaraz, de modo que si Cecilia declara en contra de él, no puede ver a su hijo. Ya en la cárcel, supo que estaba embarazada y tuvo mellizos, que estuvieron con ella hasta los cuatro años, pero al cumplir esa edad -por ley- ya no pudieron continuar en la Unidad 33 de La Plata, donde está detenida. Los mellizos están al cuidado de una tía del corazón de Cecilia, Gladys Martínez.

Durante la instrucción, la defensa pública pidió que le dieran a Cecilia arresto domiciliario, por “la situación de vulnerabilidad a la que se hallaba sometida”, y para que pueda criar a sus hijos.

“Ni aún ante esta circunstancia el Tribunal hizo lugar a los pedidos de morigeración para que Cecilia pudiera esperar el juicio en libertad junto a sus hijos. En todo el transcurso del proceso, Cecilia se vio amenazada por la familia de Argañaraz”, plantean desde la defensa. Tanta es la presión, que le impidieron todo contacto con el hijo porque se negó a exculpar a su expareja.

Desde la defensa pública señalan que “este hecho tuvo mucha repercusión mediática en su momento, sin escindir las distintas realidades de los imputados, y sin tener en cuenta una perspectiva de género, que es imprescindible en este tipo de casos y que resulta evidente desde el inicio desde el proceso”.

“La causa es muy voluminosa y está llena de testimonios durante la instrucción sobre la violencia que ejercía Argañaraz. Incluso una testigo dijo que él maltrataba a su primera mujer y los hijos, hasta que llegó Cecilia, y más tarde Mía, y allí se empezó a descargar con ellas”, planteó Bouchoux, quien reclama que el proceso tenga perspectiva de género, y se escuche a especialistas que pueden acreditar el círculo de violencia en el que vivía Cecilia.