El uso de las tecnologías en la vida cotidiana ha traído grandes mejoras en el día a día de las personas y la sociedad en general, sin embargo, el constante tráfico de información y el sinfín de datos compartidos a cada segundo también incluye la constitución de nuevos delitos o la adaptación digital de muchos ya existentes.
La difusión sin consentimiento de fotos o videos pertenecientes al plano privado e íntimo de las personas, así como el hostigamiento y la extorsión utilizando este tipo de material, son una de las formas en las que las tecnologías son el medio para perpetrar el daño hacia terceros.
Con esto, hubo que adaptar las herramientas con las que cuenta la Justicia para prevenir y sancionar hechos de estas características.
En 2017, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la ratificación mediante la cual el país adhiere alConvenio de Budapest. Ese tratado internacional incluye a más de 56 países para la cooperación en la lucha contra delitos informáticos.
El también conocido como Convenio sobre la Ciberdelincuencia, busca “armonizar los elementos de los delitos conforme al derecho sustantivo penal de cada país, establecer los poderes necesarios para la investigación y el procesamiento de delitos cometidos mediante el uso de sistema informático y establecer un régimen rápido y eficaz de cooperación internacional”. Esto último se debe a que uno de los principales problemas a los que se tuvieron que enfrentar fue el hecho de que el delito puede cometerse sin importar las fronteras. Por esto, el tratado propone la integración de normas procesales e investigación para estas conductas ilegales a través de internet.
En Argentina se tipificó en 2019 la pornovenganza como delito informático y se lo incorporó en la reforma del Código Penal y el término se refiere a la difusión sin consentimiento de imágenes o grabaciones de audio de naturaleza sexual producidas en la intimidad.
Establece una pena de prisión de 6 meses a 2 años o una multa económica e incluye agravantes en situaciones en las que la persona fue pareja de la víctima, si la víctima es menor de edad o si el delito se comete con fine de lucro. En estos últimos casos la pena puede ser de 1 a 3 años de prisión. En 2019 ocurrió el primer juicio en el país por difusión de material sexual íntimo.
Paula Sánchez Frega, que en ese tiempo tenía 28 años, denunció a su ex pareja por difusión de material sexual íntimo. El hecho ocurrió en La Rioja y marcó un hito al acusar a Patricio Pioli en los delitos de coacción y lesiones leves calificadas, ya que los delitos informáticos conocidos como “sextorsión” y “pornovenganza” en el Código Penal cuando se presentó la denuncia. El 10 de junio de este año Pioli fue condenado a cinco años de cárcel.
PROYECTO EN CHACO SOBRE IDENTIDAD DIGITAL
En la provincia, el diputado del bloque Justicialista Roberto Acosta, presentó en junio de este año un proyecto que busca incorporar al Código de Faltas de Chaco el Título XII de Identidad Digital de las Personas.
El proyecto, de aprobarse, sumaría cuatros nuevos artículos en relación a la difusión no autorizada de imágenes, grabaciones, filmaciones y documentaciones íntimas, como también a casos de hostigamiento digital y suplantación de la identidad.
El autor del proyecto, destacó la importancia de una legislación de estas características ya que afirma que no existe un elemento sancionatorio en relación a este tema en la provincia: “No hay herramientas para que la Justicia actúe en consecuencia”, expresó y comentó que se trabajó en conjunto con Delitos Complejos, Delitos Informáticos y el Departamento Ciberdelito de la Policía.
Por otra parte, Livio Gutiérrez, quien forma parte de la comisión en la que el proyecto fue tratado, expresó que dentro del recinto “se va a dar debate respecto a las cuestiones de la naturaleza jurídica” y cuestionó: “Como provincia no tenemos competencia para definir estas cosas, creo que no es esencial y que nos excede”.
En la última reunión de labor parlamentaria, los legisladores incluyeron el proyecto en la orden del día como condicional. Venía de obtener un despacho positivo de la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad. Finalmente, no hubo quórum en la última sesión ordinaria y la iniciativa deberá esperar ser incluida en una nueva orden del día para su tratamiento.