Juraron los nuevos miembros del Comité para la Prevención de la Tortura en Chaco
El gobernador Jorge Capitanich, acompañado de la vicegobernadora, puso en funciones este jueves a los nuevos miembros del Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de la provincia del Chaco. Se trata de un hecho inédito para la provincia, ya que por primera vez los integrantes del organismo fueron elegidos por concurso de oposición y antecedentes.
“Trabajamos con una agenda de políticas públicas de preservación de derechos humanos y la mejor garantía que tenemos para lograrlo es este comité”, expresó el gobernador y agregó: “Valoramos mucho lo que hacen y sabemos que mientras el comité esté en funcionamiento vamos a tener resguardo y garantía para que no se comentan abusos”.
Los nuevos miembros que tomaron posesión como titulares son Kevin Nielsen, Silvana Canteros, Darío Gómez, Alejandra Álvarez, y Mónica Charole como representante de pueblos originarios. Como miembros suplentes juraron Juan Carlos Goya, Roberto Sotelo, y Mónica Caballero como representante de los pueblos originarios.
Capitanich consideró al evento como un “acontecimiento histórico”, ya que es el resultado de una Ley sancionada por unanimidad, en un proceso donde participaron 42 miembros, y con un sistema de selección claro y transparente. Aseguró que “se trata de promover una mayor calidad de las instituciones públicas, que a su vez promuevan una mejor calidad de vida para la comunidad.
“Es un organismo autónomo e independiente que trabaja para garantizar, fiscalizar, prevenir y evitar cualquier indicio de violencia institucional. Como Estado, estamos para proteger la vida, y un Estado que es cómplice está incumpliendo su función principal”, aseveró el mandatario.
Las nuevas designaciones por concurso son producto de la implementación de la Ley 3264-B –promovida por el Poder Ejecutivo- que modificó la estructura anterior, con el objeto de actualizar el diseño normativo tanto a las exigencias internacionales; propiciando así una mayor participación ciudadana con perspectiva de derechos humanos y un procedimiento de selección y designación para la integración del Comité Provincial de Prevención de la Tortura que garantice la autonomía, independencia, autarquía y objetividad a través del concurso de antecedentes y oposición ante un tribunal externo.
Estuvieron presentes en el acto la ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez, la subsecretaria de Derechos Humanos Nayla Bosch, el presidente de la Cámara de Diputados Hugo Sager, el presidente del Superior Tribunal de Justicia Rolando Toledo.
También participaron las y los miembros del Tribunal AD Hoc para el concurso de selección: Josefina Ignacio, Enrique Font, Gladis Cristaldo, Alicia Azula y Alejandro Armoa. Y de manera remota participaron Nicolás Laino, Manuel Tufró y Daniel Rafecas, Juan Martín Fresneda. La defensora general ante el Poder Judicial del Chaco, Alicia Alcalá, la defensora general Adjunta, Gislea Gauna Wirz, el Procurador General Jorge Canteros y el Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco Mauricio Amarilla.
UN COMITÉ AUTÓNOMO, INDEPENDIENTE Y CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Capitanich remarcó que el objetivo de estas políticas en derechos humanos es potenciar, favorecer y estimular la autonomía decisoria del organismo y trabajar así para erradicar cualquier tipo de abuso de la autoridad. Por lo que resaltó la reforma de la Ley, que fue promovida por el Poder Ejecutivo. “Es una gran transformación”, aseguró y resaltó además que los miembros fueron elegidos por un concurso de oposición y antecedentes lo que garantiza transparencia. “Este tipo de procesos implica tener instituciones de calidad al servicio de la comunidad”, señaló.
La iniciativa se enmarca en los compromisos asumidos por la provincia del Chaco y la República Argentina en el Acuerdo de Solución Amistosa, Caso Nº 11.804 –Juan Ángel Greco- de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA). El concurso estuvo compuesto por dos etapas: la primera de antecedentes, correspondiendo al 40% del puntaje y la segunda de oposición, correspondiendo esta última al 60% del puntaje final.
La legislación dispone que el comité esté conformado en su totalidad por referentes de la sociedad civil en materia de Derechos Humanos y Prevención de la violencia institucional, eliminando la representación de Poderes del Estado, maximizando de este modo los niveles de autonomía e independencia de injerencias, garantizando que se encuentre libre de influencias externas de los poderes que debe controlar.
Capitanich remarcó que la asunción de los nuevos miembros del comité debe ser acompañada con la modernización de las fuerzas de seguridad, y recordó que se trabaja en la implementación de la Ley de Seguridad Pública “No podemos aceptar condiciones degradantes, tratos crueles a las personas y por eso el estado de derecho debe garantizar el proceso la defensa del juicio y la igualdad ante la ley”, consideró.
“Si somos capaces de erradicar la violencia institucional, de profesar a partir del Estado el entendimiento para evitar el odio, la xenofobia y el racismo, vamos a construir una sociedad democrática y plural en convivencia pacífica y civilizada”, finalizó Capitanich.
CHACO MARCA EL CAMINO
Nayla Bosch destacó que fueron 42 los y las postulantes se presentaron al concurso, lo que muestra la importancia del hecho y comentó que fueron 11 quienes pasaron a la segunda etapa. “Los organismos de derechos humanos deben defender los derechos, pero también deben mejorarse, profesionalizarse, y jerarquizarse”, señaló y consideró que el camino es la autonomía y la autarquía. En ese sentido subrayó que el concurso se realizó con un tribunal experto y externo, con inclusión de perspectiva de género e interculturalidad.
Font (quien es ex vicepresidente del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura) manifestó su beneplácito de lo que hace Chaco en cuanto a prevención de la tortura, destacó que la provincia fue precursora en Aamérica Latina y está entre las primeras del mundo en lograr este avance. “Fueron perfeccionando la institución”, destacó, y recordó a Mario Bosh, quien fue el primer presidente e impulsor del Comité, “estaría muy contento”, aseguró. En ese sentido remarcó que hoy Chaco vuelve a marcar el camino, es la primera vez que de manera plena un mecanismo cumple en Argentina con las recomendaciones del Ssubcomité para la prevención de la tortura.
Sager aseguró que como provincia “debemos sentirnos más que satisfechos. Es una demostración de cómo tenemos que vencer los prejuicios y tendencias a interponer intereses sectoriales al interés común”, manifestó, y remarcó que “ahora queda en los nuevos miembros la responsabilidad de brindarle a la sociedad las herramientas que garanticen un estado de derecho y así permitirles creer en las instituciones”.
EL COMITÉ CHAQUEÑO, PIONERO
El Comité contra la tortura es un ente autárquico y autónomo en el ejercicio de sus funciones, con competencia sobre todo centro, ámbito o espacio de detención ubicado dentro del territorio de la provincia, cuyo mandato emerge del Protocolo Facultativo de La Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.
El organismo tiene como finalidad fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas privadas de su libertad velando por el mejoramiento de las condiciones de detención de éstas, reforzar la protección de las mismas contra todo tipo de trato o penas prohibidas por nuestra legislación y normas internacionales, así como procurar especialmente la prevención y el logro de la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Chaco fue pionera a nivel nacional y regional en la constitución de un mecanismo local de prevención de la tortura, siendo el primer Estado provincial en cumplir con la obligación surgida de la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas y el Protocolo Facultativo, antes incluso que el propio Estado Nacional, poniéndose a la vanguardia en materia de Derechos Humanos.
