El director del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco, Ricardo Urturi repasó el estado actual de la investigación interna por la muerte del joven Qom de 23 años, Josué Lago, ocurrido días pasados en General San Martín. Así. admitió que el trabajo es «bastante lento» como consecuencia de la demora en la incorporación de elementos «fundamentales» por parte de la Justicia en la que se tramita la causa penal. «La pericia y la autopsia podrían haberse incorporado a los pocos días, para comenzar a poner claro sobre oscuro, más en un caso de esta trascendencia: la única forma de traer tranquilidad es impartiendo justicia», sentenció.
El OCI intenta determinar la responsabilidad administrativa que le pudiera caber a cualquier empleado de la policía provincial, desde los agentes hasta el jefe, por las conductas que realicen en su calidad de funcionarios públicos. En este marco, Urturi comentó que al tomar conocimiento de lo ocurrido en el barrio Los Silos de San Martín, con la trágica muerte del joven por la que está detenido personal policial de ese Destacamento, se destinó una comisión a fin de recabar información y «someter al proceso administrativo a los cinco empleados, en principio, que prestan servicios en ese lugar», explicó en declaraciones a Radio Provincia
Urturi comentó que, rápidamente, se suspendió preventivamente de sus funciones, tal como lo establece la ley, hasta tanto se recolecten las pruebas y se analice la eventual imputación para ellos o a cualquier otro personal que haya intervenido con anterioridad o posteridad. «Esto es importante porque nosotros no investigamos el fallecimiento; es decir, el homicidio de Josué, sino las inconductas en las que pudieron encontrarse los empleados policiales», especificó.
En ese sentido, destacó -por ejemplo- que se intentará determinar «por qué había tan poco personal donde se alojaba a 23 personas detenidas, como también las causas por las que dos policías salieron a hacer una recorrida, por qué estuvieron ahí y demoraron más de la cuenta», entre otras cuestiones; pero también apuntó que «si desde la Justicia se demuestra que cometieron un hecho doloso, corresponde la exoneración de la fuerza».
El director del OCI contó que se ha determinado quiénes estaban cumpliendo servicio a la hora en que ocurrió la muerte, lo que permitió determinar las suspensiones; al tiempo que pidieron a la Fiscalía la copia de las declaraciones testimoniales que se vienen realizando para incorporarlas al expediente. «Va bastante lento el trabajo de la Fiscalía, ya que han pasado 10 días y todavía no han incorporado la autopsia o el informe preliminar que son fundamentales para determinar cómo ocurrieron los hechos», lamentó Urturi. En esa línea, marcó que «eso nos tiene demorados a nosotros porque el hecho está vinculado a la causa judicial, más allá que nosotros estudiamos otro tipo de trasgresiones disciplinarias, amén de la responsabilidad penal de la que, hasta ahora, se ha podido dilucidar poco y nada».
Uno de los elementos más relevantes en la investigación que realiza la Justicia es el «supuesto extravío» del arma con el fue asesinado el joven en San Martín. En ese sentido, el director del OCI explicó que, cuando se suspende en funciones a los empleados policiales, por protocolo se secuestra el arma y la credencial, pero «en este caso estos elementos ya habían sido secuestradas por la Justicia pero sólo se hallaron una escopeta y cuatro armas reglamentarias cuando debían ser cinco; es decir, una de cada uno de los policías de la Comisaría». «En principio, esa arma habría estado en una mochila, pero para nosotros la pérdida, extravío o regalo de la misma es una falta grave; por lo que para determinar si fue el arma homicida habría que hacer una pericia», indicó.
Pruebas esenciales
Urturi se refirió también a la «ausencia del proyectil en el cuerpo de Lago», hecho que se ha revelado en versiones periodísticas sobre informes preliminares de la autopsia que se realizó sobre el cuerpo de la víctima. «Esto puede darse por la distancia entre el lugar desde donde se disparó y en donde estaba Josué; esto se determina rápidamente: cuando el disparo se produce a menos de 3 metros se produce una aureola que quema la ropa y el cuerpo; por lo que se sabe, eso no ocurrió en este caso», analizó.
De todas maneras, insistió que en «todas estas cuestiones que determinan las pericias que deben incorporarse a la causa judicial con la premura que amerita este caso, esto ya tendría que haber estado agregado». «La pericia pudo haber estado en pocos días, para comenzar a poner claro sobre oscuro, más en un caso de esta trascendencia: la única forma de traer tranquilidad es impartiendo justicia, de manera imparcial», sentenció.
Marchas y contramarchas
La muerte del joven Qom generó la reacción de una gran cantidad de personas en reclamo de justicia, pero también un movimiento importante de vecinos que se expresaron en respaldo del personal policial. Las marchas se produjeron tanto en San Martín como en Resistencia, e incluso algunas terminaron en episodios violentos que dieron cauce a nuevas investigaciones.
El director del OCI reiteró que «la mejor manera que la Justicia responda de manera acorde a la situación es poniendo la serenidad que amerita el caso, apurando las pericias y las pruebas para comenzar a tener objetivamente claro qué fue lo que pasó». «Saber la verdad de lo que pasó es lo único que traerá tranquilidad no sólo a la sociedad sino también a la familia de Josué», consideró.
Finalmente, y atendiendo a casos previos en que se vieron involucrados policías del Chaco como el recordado operativo en Fontana, Urturi explicó que antes de la pandemia se realizaban permanentemente cursos de capacitación en todo lo que hace a los Derechos Humanos y los protocolos de actuación para distintas situaciones. «La pandemia ha complicado este proceso y los DNU que establecen las pautas fueron novedosos para todos, pero esperamos poder retomar aquel camino porque la educación siempre es la solución para los problemas», cerró.