La defensa de Sala planteó que la causa por el escrache, ocurrido hace 12 años, pretende condenarla por un hecho en el que ella no participó, y recordaron que la dirigente -con prisión domiciliaria- no puede volver a la cárcel porque su situación está protegida por una medida provisional de la CIDH.
La dirigente jujeña Milagro Sala denunció «la violación del derecho de defensa» al participar de la audiencia convocada por el Tribunal Oral Federal de esa provincia en la causa por un escrache realizado al actual gobernador Gerardo Morales en 2009, en la que ella fue condenada a tres años de prisión en suspenso, y además dijo que pedirá «la nulidad» de este acto procesal como de todo lo actuado en el expediente.
Marcos Aldazabal, uno de los abogados de Sala, planteó a Télam que el TOF les obstaculizó el ejercicio de la defensa al «llamar a una audiencia con dos días de anticipación», lo que impidió «preparar la labor con el tiempo adecuado», y adelantó que en una próxima audiencia -citada por la Cámara de Casación para el 30 de junio en un incidente conexo- solicitarán «la nulidad de todo lo actuado» en el expediente.
El Tribunal, que integran los jueces Mario Juárez Almaraz (presidente), Alejandra Cataldi y Liliana Snopek, rechazó el viernes último un pedido de prescripción de la acción penal que había entablado la defensa, y ahora se dispone a emitir una nueva sentencia ya que Casación, que es la instancia revisora, así se lo ordenó en un fallo de 2017.
Sucede que, en paralelo a la condena a tres años en suspenso por el delito de daño agravado «en su carácter de instigadora», la fundadora de la Túpac Amaru fue sobreseída por la figura de amenazas (el TOF consideró que esa acción estaba prescripta), pero Casación luego intervino, agravó el tipo penal a «amenazas coactivas» y dispuso que debía emitirse una nueva sentencia.
Ese fallo de Casación, de junio de 2017, fue firmado por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, quienes este año fueron noticia al hacerse público, en los dos primeros casos, que durante la gestión de Cambiemos visitaban con regularidad al entonces presidente Mauricio Macri tanto en Olivos como en la Casa Rosada.
En la audiencia de, los defensores de Sala, Aldazabal y Luis Paz, intervinieron a través de Skype al encontrarse ambos en Buenos Aires, y durante la sesión acusaron al juez Juárez Almaraz de mostrar «una actitud de no dejar hablar en casi ningún momento a los abogados de la defensa», como también objetaron «no haber podido entrevistarse personalmente» con la líder de la Túpac pese a ser «un derecho constitucional».
«Lo de hoy fue una manifestación más de la ilegalidad con la que actúa el Tribunal, ya que la causa está prescripta según el Código Penal y los estándares de la Corte, y frente a su propio apuro y los pedidos de Gerardo Morales, llamaron a esta audiencia con dos días de anticipación, lo que es a todas luces violatorio del derecho de nuestra defendida a reunirse presencialmente con sus abogados», denunció Aldazabal.
La defensa de Sala también planteó que la causa por el escrache, ocurrido hace 12 años, pretende condenarla por un hecho en el que ella no participó, pero además recordaron que la dirigente -con prisión domiciliaria- no puede volver a la cárcel porque su situación está protegida por una medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo impide por razones de salud física y mental.
Además, los abogados adelantaron que el 30 de junio reclamarán ante Casación, y en caso contrario recurrirán luego a la Corte, que declare «la nulidad de todo lo actuado» en el expediente al comprobarse que a uno de los condenados, Ramón Gustavo Salvatierra, se le impidió designar el abogado de su confianza que él quería, lo que constituye, apuntaron, causal de nulidad y puede hacer caer las sentencias contra todos los imputados.
«El 30 de junio vamos a pedir que se dicte la nulidad de todo», subrayó Aldazabal.
Por último, desde la defensa añadieron que el TOF de Jujuy no es imparcial para juzgar a Sala porque la jueza Snopek, una de las tres integrantes del Tribunal, «es pariente de la esposa» del propio mandatario provincial.
En tanto, desde la querella, los abogados del gobernador, Daniel Vivas y Eduardo Vergara, se opusieron a que la defensa de Sala pudiera hablar en la audiencia, como finalmente ocurrió tras una intervención del fiscal.
Otro allegado de Morales, su exabogado Luciano Rivas, hoy diputado provincial, dijo que a la dirigente social se le deberían sumar a «los tres años de condena oportunamente dictada», por los daños, «otros cuatro años más», por las supuestas amenazas, y pidió que «la condena se efectivice» en una «unidad penal federal».