ich, han decidido aplicar un sistema de recupero de cuotas, el cual fue dispuesto con posterioridad a la celebración del convenio de construcción, con fondos del Gobierno Nacional y que es completamente confiscatorio, abusivo y con fines netamente recaudatorios; ya que no tiene en cuenta la evolución de los salarios de los beneficiarios de esas casas.
En el año 2014 los vecinos del Barrio O.T.E.CH., firmamos con el IPDUV un convenio para la construcción de 70 viviendas, inserto en el marco del plan FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda), y del “Programa Federal de Construcción de viviendas TECHO DIGNO”. Tanto el Plan FONAVI como el Plan Techo Digno, prevén un sistema de pago para la cancelación de las viviendas que no incluya nuevas normativas que afecten el valor de las cuotas en el tiempo y que toman como base los ingresos que perciben los adjudicatarios, no pudiendo superar de manera alguna el 20% de tales ingresos.
Luego de cinco años de espera nos entregan las viviendas, y hoy nos encontramos con que el Sr. Gobernador y el Presidente de Viviendas pretenden aplicar la Resolución N° 164/13 del 18/05/2018, suscripta con posterioridad a la celebración del convenio, en donde se aprueba como metodología para la amortización de las cuotas las Unidades de Viviendas (UVIs). Esto implica que, los montos de las cuotas se actualizan según el índice de precios de la construcción, a ello se incorpora un interés del 12% semestral, y se suman 5 años de cuotas; pasando a ser una financiación de 30 a 35 años, haciendo un total de 420 cuotas.
En números reales se traduce en: una cuota inicial de $7.500, actualizables en un 12% cada seis meses; por lo que en enero del 2030 las cuotas sería de $23.700; en 10 años más sería de $41.700, finalizando a los 35 años con cuotas de $71.900, por lo que una vivienda “social” que tuvo como costo de obra aproximadamente $1.073.239 pasaría a valer $3.594.130 -como si fuera una vivienda comercial cuando no se asimilan en su construcción ni en la calidad de materiales empleados.
Ahora bien, si tomamos en cuenta un salario mínimo ($ 20.587), las primeras cuotas superan el 20%, lo cual no hace falta imaginarse cuanto afectaría nuestro salario si el aumento salarial en el año 2020 fue del 10%, y la inflación en la construcción fue del 66%. Tales montos resultan totalmente descabellados y alejados a la realidad, los cuales de ninguna manera pueden ser costeados por los adjudicatarios. Los mismos son confiscatorios y violatorios de garantías constitucionales, perdiéndose así la supuesta finalidad que tienen dichas “soluciones habitacionales” sociales, y atenta con el derecho al acceso de una vivienda diga.
Por ello, es que exigimos al Estado Provincial que no desoiga nuestro reclamo como el de otros 1800 adjudicatarios de toda la Provincia del Chaco, y revoque la aplicación de un índice comercial y con fines recaudatorios sobre una obra pública con fines sociales; se respete el convenio firmado, la buena fe de los adjudicatarios y la seguridad jurídica que nos ampara.