El Gobierno del Chaco «no avala ni permite» la toma de tierras
El subsecretario de Articulación Comunitaria y Gestión de Tierras de la provincia, Leandro García Arias, reiteró que el Gobierno «no avala ni permite» que en busca de soluciones para la delicada situación habitacional que atraviesa la provincia «se vulneren derechos garantizados como la propiedad privada». A su vez, destacó el trabajo articulado entre el Estado, la Justicia y la policía en la resolución de la toma de terrenos en cercanías del shopping de la avenida Sarmiento.
Durante las últimas horas del lunes, un grupo de aproximadamente 20 familias se afincó en un terreno de unos 200×200 metros detrás del centro comercial y las casas que se encuentran sobre la avenida Combate Vuelta de Obligado. El funcionario remarcó que el predio pertenece a un privado, por lo que rápidamente se llevaron adelante las acciones pertinentes para desalojarlo.
«Siguiendo los lineamientos del gobernador Jorge Capitanich, y la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira, reiteramos que no permitimos ni avalamos que se vulnere un derecho garantizado, como es el derecho a la propiedad privada», planteó García Arias en declaraciones a Radio Provincia. En ese contexto, indicó que «nos comunicamos rápidamente con las fuerzas e seguridad y, en articulación con la fiscalía en turno, se dispusieron las medidas para convencer a estas personas de deponer su actitud».
García Arias señaló que las familias estaban cometiendo «un delito que está tipificado en el Código Penal, que es el de usurpación», pero luego de intensas negociaciones las personas fueron individualizadas, puestas a disposición de la Fiscalía y, al día de hoy, ya han declarado. El predio fue liberado a las pocas horas y el predio ahora cuenta con custodia policial. En ese marco, el funcionario recalcó que «se hizo un muy buen trabajo articulado con las fuerzas de seguridad y la Fiscalía 13 que trabajó de manera rápida, oportuna y legal para no vulnerar ningún tipo de derechos».
El acceso a la tierra y el rol del Estado como actor central en la garantía de ese derecho para todos los habitantes de la provincia toman protagonismo en la agenda pública cada vez que una usurpación de terrenos adquiere carácter público. Una concepto repetido, en muchas ocasiones sin demasiado asidero, es que «detrás» de estas acciones que siempre son protagonizadas por familias de los estratos más vulnerables de la comunidad, se esconden intereses espurios o son incitadas por espacios políticos opositores a la gestión que conduce el Gobierno.
En este contexto, García Arias subrayó que «hay una real necesidad», aunque advirtió que «no hay que generalizar». «Hay algunos intentarán incentivar estas tomas para realizar negocios inmobiliarios, pero en la gran mayoría, en la república Argentina hay un déficit habitacional de 4 millones de viviendas, con lo cual, la realidad es compleja», reflexionó. De todas maneras comentó que «la principal prioridad de quienes cumplimos funciones es atender a esta demanda, y por eso hacemos todos los esfuerzos para responder de manera acorde ante este realidad pero no podemos permitir que, en busca de solucionar una real necesidad, salgamos a cometer hechos delictivos», remarcó.
El subsecretario de Articulación Comunitaria recordó que para este fin se creó en 2020 el Banco de Tierras, que hoy cuenta con 4000 inscriptos uy es la herramienta fundamental para la aplicación de una política integral que busca garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda. Resistencia tiene condiciones únicas porque cuenta con suelo urbano disponible: no tiene que salir a comprar ni expropiar y de hecho la Provincia recibió recientemente las tierras del ex Campo de Tiro.
«Con el Banco de Tierras, desalentamos las tomas y pedimos a la población que se inscriban en este registro, para poder iniciar un proceso ordenado que concluya con la entrega de los terrenos», explicó. Las oficinas de la Subsecretaría de Articulación se encuentran en Sarmiento al 700, pero además, los interesados pueden realizar consultas en la página de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente.
García Arias explicó además que el Gobierno está creando una «base de datos negativa» integrada por aquellas personas que realizan las tomas y son dadas de baja del Banco de Tierras. «En un primer momento, se hará una intimación pero luego se las eliminará de la lista, por eso pedimos tener conciencia y colaborar entre todos para evitar incurrir en acciones que entran en conflicto con las las leyes vigentes», cerró.