Alberto Fernández declaró servicio público a la telefonía móvil, internet y TV paga
El presidente Alberto Fernández anunció en la noche del viernes 21 de agosto de 2020, la decisión de declarar como «servicios públicos» a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga» y anticipó que las tarifas de esas prestaciones quedarán congeladas hasta el próximo 31 de diciembre.
La medida se concretó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que fue publicado en los primeros minutos de este sábado en el Boletín Oficial.
A través de su cuenta en la red social Twitter, el Presidente dijo que de esta manera se están «recuperando herramientas regulatorias que el Gobierno anterior quitó al Estado».
«El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado«, subrayó el mandatario.
Fernández hizo referencia al DNU 267 firmado por el ex presidente Mauricio Macri apenas asumió el gobierno, en diciembre de 2015, con el que creó el Enacom y modificó artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el que decidió dar de baja el poder regulatorio del Estado en esta materia dispuestas en 2014, a través de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones.
El Presidente también destacó que «la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso, hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen».
Además de declarar a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como servicios públicos esenciales, la norma dispone el congelamiento de los precios hasta el 31 de diciembre próximo.
El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, sostuvo que «quedó demostrado que los servicios de Internet, telefonía y de cable no son servicios suntuarios sino que son esenciales para el acceso al conocimiento, la educación, a la cultura pero también al trabajo y el desarrollo económico«.
«Sin conectividad a Internet no hay desarrollo industrial ni económico posible » afirmó López al referirse a al medida dispuesta por el Gobierno.
En el mismo sentido, consideró que «era imprescindible recuperar la declaración de servicio publico que había eliminado el ex presidente Mauricio Macri a la semana que asumió, dejando esto como una simple mercancía entre privados y no un derecho humano básico».
Además, la norma que se publicó este sábado en el Boletín Oficial, da un paso más allá de lo derogado oportunamente por la gestión Cambiemos, ya que incluye a la telefonía celular entre los servicios públicos, esenciales y estratégicos.
López destacó que a partir de este DNU, «el precio de los servicios está regulado. Significa que si bien sigue siendo en competencia entre las empresas, ningún aumento puede hacerse sin la previa autorización del Enacom», apuntó.
«Después para abajo pueden hacer descuentos que consideren oportunos pero el tope del aumento lo pone el Estado «, aseveró López al plantear el nuevo esquema de competencia que tendrán que abordar las compañías prestadoras de cada servicio.
El vicepresidente del Enacom también reseñó que se implementarán «las prestaciones básicas universales y obligatorias», lo que implica asegurar «los planes inclusivos y la tarifa social para los que no pueden acceder a un plan».
«El Estado ahora le va a garantizar el acceso a planes inclusivos a través de una prestación universal y que las empresas serán las encargadas de ofrecera un precio acordado» con la autoridad de aplicación.
Tampoco podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado, debido a que pasará a ser un «servicio público» y ya no estará sujeta a la decisión exclusiva de las empresas, como sucede en la actualidad.
De esta forma, el Estado recupera las «herramientas regulatorias» sobre estos sectores.
El anuncio formulado por el presidente también dejó sin efecto el incremento de entre 10 y 15% que las tres mayores operadoras de telefonía celular -Movistar, Telecom Personal y Claro- tenían previsto aplicar a partir del primer día de septiembre.
