El profesor adjunto de la cátedra de Derecho Procesal, Civil y Comercial de la facultad de Derecho de la UNNE, Marcelo Midón, fue denunciado este lunes ante la Justicia Federal luego de que se viralizara un video en donde se lo escucha realizar una serie de declaraciones discriminatorias que tuvieron como blanco a la comunidad trans y travesti.
La presentación realizada ante la Fiscalía Federal de Resistencia, fue firmada por la Secretaria de Derechos Humanos del Chaco, Silvana Pérez y la directora de Diversidad y Disidencia Sexual e Identidad de Género, Úrsula Sabarece, con el patrocinio letrado del abogado Paulo Pereya.
En la misma, piden que se le impute a Midón por considerarlo penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público previsto y reprimido por el artículo 249 del Código Penal de la Nación, agravado en virtud de las previsiones de la Ley Nº 23.592 sobre actos discriminatorios.
En la denuncia presentada ante la fiscalía federal se da cuenta del detalle de los hechos acaecidos el viernes 10 de julio donde fue filmado y difundido por redes sociales y medios de comunicación, fragmentos de una clase virtual a cargo del profesor Marcelo Sebastián Midón, donde menciona, textualmente: “(…) Vamos a la calle: el mismo hecho se trasviste. Es como Florencia de la V, según como se vea, a la hora en que se la vea y según la cantidad de cerveza que uno tomó antes de verla, parece una cosa o parece otra cosa.
El mismo hecho…” y en el otro video agrega: “Dos ejemplos acerca de cómo el mismo hecho…. Cuando yo era niño en la esquina había un muchacho en el mismo barrio Ferre donde yo vivía que le decíamos Cachorrita porque de día era Chacho y de noche era Rita: Cachorrita. Pues bien, como Cachorrita han hechos que se transvisten, dependen de cómo se vean”.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos pidieron «iniciar una investigación penal con el propósito de efectivizar las consecuencias de este tipo de discurso de odio que no sólo deben ser socialmente repudiados, sino que las propias instituciones públicas deben, al tomar conocimiento de este tipo de conductas que violan, obturan y perjudican derechos y garantías internacionales, nacionales y localmente reconocidas, llevar adelante las acciones que correspondan a los fines de evitar que se siga profundizando este tipo de hechos violentos y discriminatorios, propios de una sociedad histórica y culturalmente patriarcal”