El gobernador Jorge Capitanich anunció ayer una serie de medidas vinculadas a garantizar la perspectiva en derechos humanos y géneros mediante el fortalecimiento institucional de diversos organismos, con el objetivo de prevenir y sancionar la violencia institucional en la provincia. «La política de derechos humanos es una política de estado en la provincia», aseguró.
Acompañado por la vicegobernadora; la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar; y la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, Capitanich dio a conocer que presentará un proyecto de ley para una nueva constitución del Comité de Prevención de la Tortura, junto a la formalización de la Guardia de Derechos Humanos, la institucionalización de la Dirección de Control Policial y la figura del defensor policial junto a capacitaciones para las fuerzas de seguridad con perspectiva de derechos humanos, géneros e interculturalidad.
«Estos elementos son parte de la modernización que pretendemos implementar dentro del comité», explicó el gobernador y recordó que el Chaco fue pionera en la implementación de un organismo como este, al igual que la Ley de Seguridad Democrática.
La iniciativa, que será remitida a la Cámara de Diputados, planeta la modificación de la legislación actual a la constitución del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes.
Por un lado, se propone que sus integrantes sean elegidos por concurso de oposición y antecedentes, con un tribunal experto para la selección de los miembros. Además, se elimina la representación de Poderes del Estado en el Comité, «así se maximizan los niveles de autonomía e independencia de injerencias; siendo conformado exclusivamente por la sociedad civil, garantizando que se encuentre libre de influencias externas de los poderes que debe controlar», según explicó el mandatario.
También el proyecto incluye que se fortalezca la figura del Consejo Consultivo, conforme a las recomendaciones del Consejo Federal de Derechos Humanos, lo que constituye una alternativa que permite incorporar a representantes que cumplen funciones en instituciones estatales (de la administración de Justicia, del Poder Legislativo y del Ejecutivo), sin crear conflictos de intereses, ni violar la independencia funcional que deben tener.
Capitanich anunció la oficialización -por decreto- de una guardia de 24 horas de Derechos Humanos para garantizar canales de comunicación con la ciudadanía, como así también el abordaje y seguimiento de cada caso. Para ello se destinará recursos humanos y herramientas digitales para su funcionamiento de manera eficiente.
El gobernador explicó que al integrar el ministerio de Seguridad con el de Justicia -como es actualmente- se requiere una reforma de carácter estructural y una nueva definición de los mecanismos de abordajes. Comentó también que existen 17 proyectos de inversión presentados ante los mecanismos multilaterales de créditos, entre los cuales hay proyectos destinados a la seguridad.
Atento a las cláusulas del Acuerdo de Solución Amistosa Homologado en el informe 91/03, referente al caso 11804 -Juan Ángel Greco- de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, el Estado chaqueño continúa cumpliendo los compromisos asumidos internacionalmente, impulsando medidas legislativas y administrativas para una mejor protección de los derechos humanos. «Es clave para el cumplimiento en materia internacional, garantizar el control civil sobre de las fuerzas de seguridad», expresó y señaló se creará la Dirección de Control Policial y la de defensor policial, institutos creados por la Ley de Seguridad 2011 que hasta ahora no habían sido efectivizados.
La Dirección de Control Policial estará a cargo de un civil y tendrá entre sus funciones garantizar el control civil de la función de los trabajadores policiales, quienes prestan un servicio público esencial y debe estar adecuado a un estado social y democrático de derecho.
También se hará efectiva la creación (establecida en la Ley 2011-J) de la Defensoría del Policía del Chaco con la misión de garantizar la defensa, protección y promoción integral de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos del personal policial tutelados en la Constitución de la provincia, las leyes y las reglamentaciones ante los actos, hechos u omisiones de la administración. Estará dirigida por un funcionario civil sin estado policial y será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados.
Por último, el gobernador anunció un programa de capacitaciones para fuerzas de seguridad con perspectiva de Derechos Humanos, Géneros e Interculturalidad; «es una innovación importante y forma parte de lo que pretendemos instrumentar la política de derechos humanos como política de estado», explicó.