Las extensas filas en los ingresos de los bancos se transformaron este viernes en una postal inédita e inaceptable en medio de la cuarentena general que decretó el Gobierno nacional para evitar la propagación de la cuarentena. Y lo más preocupante es que los protagonistas de la escena son, principalmente, los jubilados, las personas mayores de 65 años que conforman el grupo de mayor riesgo ante el coronavirus.
La situación no tardó en convertirse en un escándalo y hasta hubo incidentes en algunas sucursales, tal como lo denunció la Asociación Bancaria. Las gestiones oficiales para tratar de evitar las concentraciones de personas arrancaron desde temprano, con contactos entre el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, con el secretario general del gremio bancario, Sergio Palazzo, y finalmente terminaron con la intervención del presidente Alberto Fernández quien ordenó que la atención en las entidades financieras se extienda sábado y viernes para garantizar los pagos sin repetir las filas.
Las filas para cobrar se replicaron en las 4.500 sucursales del país y en muchos lugares arrancaron durante la noche del jueves. Otro elemento que desató críticas es que el Gobierno nacional aún no incluyó a la actividad de los bancos dentro de los servicios esenciales que están exceptuados de las restricciones dispuestas en la cuarentena: esa nómina se amplió este viernes para incorporar a rubros como el de venta de materiales de construcción, comercio exterior, servicios de mantenimiento, fumigación y algunas producciones fabriles y agrícolas, entre otras.
Sobre esto último, Palazzo indicó que esa decisión no se tomó porque se esperaba que “los mecanismos electrónicos iban a sostener la cadena de pagos”. Sin embargo, reconoció que “el problema con los jubilados” permitió corroborar que el sistema fue insuficiente, sobre todo, si se tiene en cuenta que el calendario de pagos de abril arranca el próximo miércoles 8.
Este viernes reabrieron los bancos para atender a los jubilados y pensionados que no posean tarjetas de débito y pagarles a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo, que en muchos casos también recibirán el primer pago de 10.000 pesos correspondientes al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que otorgó el Gobierno para asistir a los sectores más vulnerables.