En un escrito de 619 páginas fechado el 31 de enero, Yáñez les imputó el delito de “estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso de idea” a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.
Yáñez también los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio, y les trabó embargos que van entre los 2 millones a los 3.5 millones de pesos.
La jueza de Caleta Olivia rechazó investigar al ex presidente Macri, al ex ministro Aguad y al entonces jefe de la Armada, vicealmirante Marcelo Srur, como había sido solicitado por las querellas.
Además sobreseyó a José Marti Garro, ex jefe de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento.
En el caso del ex presidente, consideró que la función de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas que ejercía “no es de naturaleza técnico-militar, pues esta es ejercida por su grupo de profesionales idóneos”.
Según la jueza, en tal función Macri no tenía la obligación de ejercer funciones operativas, que estaban delegadas en funcionarios menores y particularmente en militares adiestrados y capacitados en la materia del arma submarina, y a idéntica conclusión arribó en el caso de Aguad.