Denuncian que los dueños de Manaos desmontaron 10 mil hectáreas
Luego de haber denunciado públicamente a la familia Canido, dueños de la empresa que produce la gaseosa Manaos, por un enorme desmonte detectado en el norte de Santiago del Estero,activistas de Greenpeace lograron bloquear dos topadoras que se encontraban en pleno desmonte, a la cuales detectaron a través del relevamiento de imágenes satelitales y sobrevuelos en helicóptero.
«Ante la grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos, resulta fundamental proteger nuestros últimos bosques nativos. Es inaceptable que se siga avanzando con este gigantesco desmonte. Las topadoras de los dueños de Manaos ya arrasaron bosques en una superficie equivalente a media ciudad de Buenos Aires. Es un ecocidio que no debe continuar», señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
Las dos topadoras estaban arrasando los bosques de la estancia «Algarrobal Viejo», ubicada a 45 kilómetros de Nueva Esperanza, Santiago del Estero.
Los activistas de la organización ecologista se interpusieron entre las topadoras y el bosque; y luego bloquearon su funcionamiento mediante la instalación de cepos en las palancas de manejo.
Según Greenpeace, desde hace una década la familia Canido viene deforestando en varias fincas en la provincia de Santiago del Estero, para desarrollo agropecuario, manteniendo conflictos con familias campesinas e indígenas. La organización ya los denunció en el año 2016.
«Hay una clara complicidad del Gobierno provincial, ya que los dueños de Manaos tienen permisos para desmontar y producir ganadería en una zona donde la Ley Nacional de Bosques no lo permite. La deforestación afecta a la rica biodiversidad de la región y el área de uso comunitario del monte de familias campesinas», afirmó Giardini.
En la página excesodedesmontes.org se puede firmar la petición a la empresa para que frene el desmonte.
Santiago del Estero es la provincia con más deforestación del país de las últimas décadas. Según datos oficiales, desde 1998 en la provincia se desmontaron más de 2 millones de hectáreas de bosques nativos.
«Más desmonte implica más cambio climático, más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más enfermedades, más desalojos de campesinos e indígenas, y más pérdida de alimentos, maderas y medicinas. Destruir bosques es un crimen que debe convertirse en un delito penal», finalizó Giardini.
