Un juez pidió que se vacune contra el Covid a un preso que no integra grupos de riesgo
En 2020, 28 de las 178 muertes registradas en cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron por coronavirus.
Tiene 41 años, cumple condena por un asesinato y ya le rechazaron la prisión domiciliaria porque el informe médico determinó que se encuentra en buen estado de salud.
Tras rechazarle el beneficio de la prisión domiciliaria por su buen estado de salud, un juez propuso que un condenado a ocho años de cárcel por un asesinato reciba la vacuna contra el coronavirus, aunque no integra los grupos de riesgo.
El interno es Santiago Raúl Servidio, de 41 años, condenado el 5 de diciembre de 2019 a la pena de ocho años de prisión por ser el coautor de un homicidio ocurrido el 30 de diciembre de 2018.
Primero su abogado, Fabián Stillo, pidió que le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria debido a que «la pandemia causada por el virus covid-19 es un riesgo cierto para su salud», informó Clarin.
Según el defensor, Servidio «tuvo tuberculosis y le dejó manchas en sus pulmones», y relacionó su cuadro con «EPOC».
A raíz de ello la Justicia solicitó un informe médico para determinar «si las dolencias denunciadas configuran problemas que puedan afectar la salud del interno».
Con la evaluación del Área de Salud de la Unidad N°28, el juez Esteban Andrejin del Tribunal Criminal N° 2 del Departamento Judicial de San Isidro rechazó una «medida morigeradora».
De acuerdo con ese magistrado, el recluso se encuentra en buen estado de salud general y remarcó que la espirometría arrojó «una leve obstrucción de las vías aéreas relacionada con su calidad de exfumador».
«De tales informes surge que no padece patología médica alguna que lo incorpore en algún grupo de riesgo ante eventual contagio de covid-19», determinó el juez Gustavo Adrián Herbel, quien también rechazó la solicitud de arresto domiciliario.
El abogado de Servidio puso en duda la veracidad del informe médico y volvió a pedir el beneficio de su defendido pero enfatizando las condiciones de «detención y hacinamiento».
La fiscal interviniente, María del Carmen Gigante, rechazó la petición al remarcar que la medida de coerción vigente se fundamenta «en la existencia de peligros procesales en cabeza del imputado: las características violentas que definieron el suceso en juzgamiento, la calidad del bien jurídico comprometido (“vida”) y la magnitud de la pena de 8 años de prisión dictada, aún no firme». Y ratificó que Servidio deberá seguir cumpliendo su condena en prisión.
Sin embargo, Carlos Blanco, otro de los tres jueces firmantes, sugirió «que se adopten los medios necesarios para que se le aplique al nombrado (Servidio), la vacuna contra el virus covid-19, teniendo en consideración su situación de salud».
La semana pasada la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reclamó al gobierno bonaerense que incluya a los presos n la campaña de vacunación respetando los mismos criterios que los adoptados para toda la comunidad..
