Ordenan prisión preventiva para el expresidente de Paraguay
Por el caso Ueno Bank, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú ordenó este sábado la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras. El exmandatario fue imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, mientras que la Justicia consideró que existen riesgos de fuga y de obstrucción de la investigación.
La medida determinó que Peña permanezca detenido en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción. Según explicó el magistrado, tuvo en cuenta la información a la que el exmandatario habría tenido acceso durante su gestión presidencial sobre las operaciones investigadas y posibles vínculos con el crimen organizado. Durante la audiencia de imposición de medidas, Peña se abstuvo de declarar.
La decisión fue cuestionada por su abogado defensor, Ricardo Preda, quien sostuvo que no existen elementos para considerar que su representado pueda fugarse u obstaculizar el proceso judicial. También señaló que Peña ya no ocupa la Presidencia de la República y calificó la prisión preventiva como la medida cautelar más extrema. La defensa esperará la notificación de la resolución escrita para analizar sus fundamentos y decidir si presenta una apelación.
Preda, además, aseguró que el proceso terminará con el sobreseimiento definitivo de su defendido. Según argumentó, Peña no tuvo intervención en las operaciones de Ueno Bank ni en los depósitos de organismos públicos en esa entidad financiera.
La Fiscalía paraguaya formalizó este sábado la acusación contra el exjefe de Estado. La fiscal Nancy Salomón confirmó la presentación de cargos y lo señaló por presunto abuso de confianza y gestión en beneficio propio. En la misma investigación también fue imputado el ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo.
El caso Ueno Bank derivó en una crisis política que, según la información proporcionada, terminó con la salida de Peña del Ejecutivo y la asunción de su vicepresidente, Pedro Alliana, quien juró el viernes para completar el mandato hasta 2028. Mientras avanza la causa judicial, la situación procesal del exmandatario quedó sujeta a la medida de prisión preventiva dispuesta por el juzgado.
