Amenazas escolares: proponen que las familias afronten los costos de los operativos policiales
El fiscal Víctor Recio, a cargo del Equipo Fiscal N° 13, especializado en Delitos Informáticos, citará en los próximos días a los padres de los adolescentes demorados y a los de aquellos cuyos domicilios fueron allanados en el marco de la investigación por las amenazas a escuelas del Chaco. El objetivo de la convocatoria es comunicarles cuáles son las eventuales consecuencias legales que pueden recaer sobre los tutores por las conductas de los menores a su cargo.
Entre las posibilidades que maneja la Fiscalía, según pudo saber N9, figura la de imponerles a las familias el pago del costo de los procedimientos policiales activados por cada amenaza. Se trata de un mecanismo que ya rige en otras provincias del país, donde los responsables de los menores deben afrontar los gastos de los operativos antibomba, los despliegues preventivos y la intervención de unidades especiales cuando el aviso resulta falso o cuando los autores son individualizados.
La medida se inscribe en el avance de las causas por intimidación pública, prevista en el artículo 211 del Código Penal, que ya tienen a varios adolescentes imputados luego de los allanamientos realizados en Resistencia, Barranqueras, Fontana, General Pinedo y Villa Ángela. En esos procedimientos, la Policía secuestró teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y, en algunos casos, armas y elementos de interés para la pesquisa.
Según el último informe oficial de la Policía del Chaco, son 153 los establecimientos educativos que registraron amenazas en toda la provincia: 81 en el área metropolitana y 72 en el interior. La mayoría se difundió a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, lo que derivó en la activación de protocolos de seguridad, refuerzos policiales y restricciones en el ingreso a las aulas.
La Fiscalía N° 13 trabaja con las áreas de Ciberdelitos y Cibercrimen para rastrear el origen de las publicaciones y reconstruir cómo se replicaron entre los grupos de chat. En paralelo, los Juzgados de Niñez, Adolescencia y Familia Penal coordinan la situación procesal de los adolescentes identificados, en función de su edad y del tipo de intervención que cada caso amerita.
